La Justicia argentina suspendió este jueves la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), medida que había sido dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el decreto 461/2025. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, considerando que la disolución excedía las facultades delegadas al Ejecutivo.
La magistrada Martina Isabel Forns sostuvo que el organismo, creado por ley hace más de 90 años, no puede ser eliminado por decreto, ya que su existencia está protegida por legislación vigente. Además, advirtió sobre el riesgo de "perjuicios irreparables" en el caso de avanzar con despidos masivos o cambios unilaterales en las condiciones laborales del personal.
El fallo ordena al Estado Nacional abstenerse de ejecutar cualquier acción derivada del decreto, incluyendo traslados, cesantías y supresión de estructuras. La jueza también remarcó el impacto social de la medida sobre un “sector vulnerable” de trabajadores, señalando la posible afectación de derechos básicos como el sustento alimentario.
Actualmente, la Dirección de Vialidad Nacional cuenta con 5.194 empleados y supervisa la ejecución y mantenimiento de autopistas y rutas nacionales. El decreto presidencial también establecía el cierre de la Comisión Nacional del Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero estos organismos no fueron alcanzados por la decisión judicial.
La medida representa un nuevo obstáculo judicial para el Gobierno nacional, que ha impulsado una serie de reformas estructurales a través de decretos durante el último año. El futuro de la Dirección Nacional de Vialidad quedará ahora supeditado a la resolución definitiva del conflicto legal.
