El Gobierno nacional, a través del decreto 340/25, firmado por buena parte del gabinete, dispuso nuevas restricciones al derecho a huelga y amplió considerablemente las actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar al menos el 75% de sus servicios durante medidas de fuerza. Además, estableció una nueva categoría llamada actividades de importancia trascendental, que deberán mantener al menos el 50% de la prestación en días de paro.
Entre las nuevas actividades consideradas esenciales se encuentran el transporte de cargas y personas, la educación, los servicios de telecomunicaciones, así como la marina mercante, servicios aduaneros y migratorios, y sectores portuarios. La categoría de importancia trascendental incluye, entre otros, la industria alimenticia, siderurgia, bancos, comercio, servicios hoteleros y gastronómicos, medios de comunicación y actividades vinculadas a la exportación.
Esta ampliación genera un fuerte rechazo por parte de los gremios. La CGT calificó el decreto como un intento de “suprimir el derecho a huelga de un plumazo y sin debate”, y anunció que recurrirá a la Justicia para frenar la medida, que consideran “inconstitucional”. Otros dirigentes sindicales, como Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, denunciaron una ofensiva autoritaria contra derechos laborales fundamentales.
El decreto también crea una Comisión de Garantías independiente que podrá calificar como esenciales o de importancia trascendental otras actividades no incluidas en los listados, lo que amplía aún más el margen para limitar las huelgas.
Históricamente, la legislación argentina seguía los parámetros de la OIT, considerando esenciales solo los servicios cuya interrupción pusiera en riesgo la vida, salud o seguridad de la población. El nuevo decreto cambia esta lógica y agrega criterios relacionados con la afectación a metas fiscales y económicas.
Con esta medida, el Gobierno busca asegurar la continuidad de actividades estratégicas durante paros y reforzar la capacidad operativa del país, en un contexto donde el derecho a huelga se ve limitado por exigencias de prestación mínima que, según los sindicatos, desvirtúan la huelga como herramienta de protesta.
