La Cámara de Diputados dio un paso clave hacia una nueva ley previsional tras lograr dictamen en un plenario de comisiones. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, busca recomponer los ingresos de los jubilados y reemplazar la moratoria previsional que venció en marzo. La sesión para su tratamiento en el recinto quedó fijada para el próximo martes 20 de mayo, con la expectativa puesta en una posible respuesta negativa del Poder Ejecutivo, que podría reabrir el debate por los dos tercios en el Congreso.
El proyecto con mayor consenso reemplaza la moratoria caída por una prestación proporcional, basada en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se suma un adicional según los años de aportes registrados. La propuesta fue respaldada por sectores de la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y parte del PRO, cercana al expresidente Mauricio Macri.
En paralelo, se debatieron distintas propuestas para elevar los ingresos de los jubilados que cobran la mínima. Mientras el kirchnerismo propuso un bono mensual de $115.000 con actualización por inflación, otros sectores opositores plantearon un monto de $100.000, también con ajuste automático. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta medida implicaría un impacto fiscal del 0,30% del PBI anualizado.
Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda defendieron la prórroga de la moratoria por dos años y propusieron cambios en la PUAM, como permitir el acceso de mujeres desde los 60 años y compatibilizarla con trabajo formal y pensiones por viudez. Sin embargo, sus iniciativas no lograron respaldo mayoritario.
En contraste, sectores del PRO alineados con la ministra Patricia Bullrich plantearon la creación de una comisión especial para debatir una reforma previsional integral, una propuesta que fue leída como un intento de postergar definiciones.
La oposición buscará aprobar el texto la próxima semana, pero el desenlace dependerá de la decisión del presidente Javier Milei, quien ya vetó la nueva fórmula de movilidad en 2024. Si se repite esa jugada, el Congreso necesitará dos tercios de los votos para insistir, un desafío que hasta ahora no logró superar.
