El Gobierno nacional anunció este jueves un paquete de medidas económicas con el objetivo de atraer parte de los dólares no declarados que circulan fuera del sistema, estimados en más de 200.000 millones. La iniciativa, que incluye decretos y futuros proyectos de ley, apunta a simplificar el régimen de Ganancias, flexibilizar los controles fiscales y brindar un marco de seguridad jurídica a los contribuyentes que se adhieran voluntariamente.
Uno de los ejes centrales es la creación del régimen simplificado de Ganancias, que entrará en vigencia el 1° de junio. A partir del año fiscal 2025, los contribuyentes deberán informar solo ingresos, gastos y deducciones personales, sin declarar patrimonio ni rentas. Esta simplificación reducirá el acceso automatizado de la AFIP (ahora ARCA) a datos privados, lo cual busca generar confianza en sectores que operan fuera del sistema formal.
Además, el Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para modificar la ley penal tributaria y la ley de procedimiento fiscal. Entre los cambios propuestos, se destaca la actualización del monto mínimo a partir del cual se configura evasión fiscal —hoy en $1,5 millones, sin ajuste desde 2017— y la reducción del plazo de prescripción para delitos tributarios, actualmente fijado en cinco años. Estas modificaciones funcionarían como un "blindaje legal" ante eventuales cambios políticos futuros.
Desde el Gobierno sostienen que la medida tiene fundamentos similares a los utilizados en sistemas tributarios internacionales, como el estadounidense, donde no se exige declarar el patrimonio. No obstante, hubo algunas resistencias técnicas dentro de la propia ARCA respecto a la pérdida de capacidad de fiscalización automática.
La reacción del sector privado fue mayormente positiva. La Cámara de Comercio (CAC) celebró que las medidas podrían dinamizar la economía al incentivar el uso de ahorros ociosos, mientras que la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) destacó que se avanzará hacia un sistema de control más enfocado en riesgos reales y menos en cargas burocráticas.
Si bien no se trata de un blanqueo tradicional, el Gobierno espera que este nuevo esquema genere confianza y contribuya a canalizar parte del ahorro informal hacia el sistema financiero, aunque analistas advierten que, sin incentivos concretos, el impacto inicial podría ser limitado.
