En una batería de anuncios con fuerte impacto en la economía formal, el Gobierno nacional, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), informó que desde este viernes 23 de mayo aumentarán sustancialmente los montos mínimos a partir de los cuales las entidades financieras deben reportar transacciones, consumos, saldos e inversiones de sus clientes.
Con la nueva normativa, las compras por hasta $10 millones —sin importar el medio de pago— ya no requerirán identificación del comprador, una medida que hasta hoy obligaba a presentar documento para operaciones en efectivo superiores a $250.000 o por otros medios mayores a $400.000. Además, se eliminan diversos regímenes de información que involucraban consumos personales, compra-venta de inmuebles, vehículos y servicios públicos.
Uno de los cambios más significativos es el aumento del umbral para informar transferencias bancarias: ahora será de $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas. También se elevan los mínimos para saldos bancarios mensuales, plazos fijos, extracciones en efectivo y operaciones en billeteras virtuales.
El titular de ARCA, Juan Pazo, explicó durante la conferencia en Casa Rosada que el objetivo es “simplificar el sistema y terminar con controles absurdos heredados de gobiernos anteriores”. Afirmó además que se alinea el sistema argentino con estándares internacionales, resguardando la privacidad de los usuarios formales del sistema financiero.
A pesar de estos cambios, Pazo aclaró que las operaciones sospechosas seguirán siendo monitoreadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) a través del régimen de Reporte de Operaciones Sospechosas, que se mantiene sin modificaciones.
El paquete de medidas, enmarcado en la política económica del presidente Javier Milei, también incluye la eliminación de la obligación de los bancos de pedir declaraciones juradas fiscales para realizar operaciones, una práctica que el Gobierno calificó como innecesaria e invasiva. Quienes sean requeridos a presentar dicha documentación podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor.
Con esta nueva normativa, el Gobierno apunta a incentivar el uso de dólares ahorrados informalmente —los llamados “dólares del colchón”— y a descomprimir la presión regulatoria sobre operaciones comunes, en un intento por dinamizar la economía y facilitar la circulación de capital dentro del sistema legal.
