El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo fue del 1,5%, el valor más bajo en cinco años y el menor registrado desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Este resultado consolida la desaceleración del índice de precios al consumidor y es considerado un punto de inflexión en el plan económico del Gobierno.
El dato interanual se ubicó en 43,5%, mientras que la inflación acumulada en lo que va de 2025 alcanzó el 13,3%. La medición de abril había sido del 2,8%, por lo que la caída de mayo representa una significativa mejora en el ritmo de incremento de precios.
Uno de los factores clave fue la variación de apenas 0,5% en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene un fuerte impacto en el costo de vida de los hogares. En contraste, los sectores que más aumentaron fueron comunicación (4,1%), debido a ajustes en telefonía e internet, y restaurantes y hoteles (3%).
Desde el Gobierno, la cifra fue celebrada como un logro central del rumbo económico. El presidente Milei felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como “el más grande de la historia” a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).
La desaceleración inflacionaria se produce en un contexto de tensiones sociales por los reclamos salariales y jubilatorios. A pesar de la baja de precios, los ingresos de amplios sectores aún no logran recomponerse en términos reales, lo que genera protestas y demandas de actualización de haberes.
Para los analistas, el control de la inflación se convirtió en el principal activo político del oficialismo de cara a las elecciones legislativas de octubre. Con este resultado, Milei busca fortalecer su posición en el Congreso para avanzar con su agenda de reformas estructurales, hasta ahora limitada por su dependencia de acuerdos con bloques opositores.
El resultado de mayo no solo representa un alivio frente a la inflación crónica que afecta a la Argentina, sino que también renueva el debate sobre los costos sociales del ajuste aplicado por el Gobierno, especialmente en términos de poder adquisitivo y sostenimiento del consumo interno.
