Luego de un operativo policial que generó una fuerte tensión en el centro de la ciudad, fueron liberadas las 23 personas detenidas durante el desalojo del acampe mapuche frente a la Casa de Gobierno provincial. El operativo, que se concretó pasado el mediodía del domingo tras una orden judicial urgente, terminó con forcejeos, insultos y denuncias de agresiones físicas.
Entre los detenidos se encontraban 17 adultos y un menor de 15 años, pertenecientes a diferentes comunidades mapuches y organizaciones sociales que desde el pasado martes exigían el reconocimiento de personerías jurídicas. Las últimas en recuperar la libertad fueron María Purrán y Karen Sánchez, quienes debieron ser atendidas en hospitales por dolores provocados por el uso excesivo de esposas, según denunció la activista Melina Schierloh.
El Gobierno provincial defendió el accionar de la policía, calificando el desalojo como "cuidado" y sostuvo que las comunidades "no cumplen los requisitos para avanzar legalmente", acusándolas de intentar "extorsionar" al Estado. También afirmaron que entre los manifestantes había personas ajenas a los pueblos originarios, identificadas con sectores de izquierda, como los ceramistas y ATEN Capital.
Desde la Confederación Mapuche y el equipo de abogados defensores, entre ellos Natalia Hormazabal y Mariano Mansilla, se difundieron los nombres de las personas detenidas, entre las que figuran Melina Fitz, Gilberto Huilipán, Karen Sánchez y Melian Pilquiñan (15 años), entre otros.
Los cargos preliminares serían por desacato y resistencia a la autoridad. Desde la Provincia, además, informaron que solo un policía resultó herido —tras recibir una mordida— y que no se registraron lesionados entre los manifestantes, versión que contrasta con las denuncias de los detenidos sobre golpes y maltratos, especialmente hacia mujeres.
Las comunidades involucradas pertenecen a los Lof Kelv Kurá, Lof Fvta Xayen, Lof Newen Kurá y Lof Ragilew Cárdenas, quienes habían sido denunciadas penalmente el sábado por alterar la paz social. La orden de desalojo fue emitida por la Fiscalía y ejecutada con rapidez al mediodía del domingo, con el argumento de que el acampe impedía la circulación y el acceso al edificio gubernamental.
El episodio abre un nuevo foco de conflicto entre las comunidades originarias y el Estado provincial, en un contexto de creciente reclamo por derechos territoriales y reconocimiento legal. Desde las organizaciones mapuches denunciaron criminalización de la protesta y prometieron continuar visibilizando su lucha por vías pacíficas.
