Desde este lunes entra en vigencia el nuevo régimen cambiario acordado con el FMI, que establece una flotación del dólar oficial entre $1.000 y $1.400, con una movilidad mensual del 1% en ambos extremos. El Banco Central intervendrá solo si la divisa alcanza los límites de esa franja, comprando en el piso o vendiendo en el techo.
Este viraje en la política cambiaria, acompañado por una flexibilización del cepo, se da en un contexto de inflación en alza: el IPC de marzo marcó un 3,7%, con fuertes subas en alimentos y educación. El Gobierno apuesta a que la previsibilidad de bandas cambiarias calme las expectativas, pero los analistas no descartan presiones alcistas sobre los precios.
Desde el sector comercial, la orden general es no ajustar precios en forma preventiva. Grandes cadenas de supermercados optaron por reducir promociones antes que remarcar, mientras que los almaceneros aseguran que aún no hubo cambios, pero reconocen aumentos del 5 al 8% en las listas de abril.
Los economistas, sin embargo, son más cautos. Guido Zack advirtió que “el tipo de cambio tiene un impacto casi inmediato en los precios”, mientras que Orlando Ferreres estimó que podría haber dos o tres meses de mayor inflación antes de una baja sostenida. Para Camilo Tiscornia, el impacto dependerá del valor que alcance el dólar dentro de la banda.
La consultora Ecolatina alertó que el nuevo esquema condiciona la desaceleración inflacionaria y IERAL prevé una pérdida transitoria del poder adquisitivo. Aun así, el impacto podría ser limitado si se sostiene el equilibrio fiscal.
En definitiva, el mercado observará de cerca el recorrido del dólar y su correlato en los precios, en un delicado equilibrio entre la necesidad de normalización y la urgencia de contener la inflación.
