En Río Negro, organizaciones civiles y legisladores presentaron un amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en la provincia. La presentación se realizó ante la Justicia Federal de Viedma y estuvo encabezada por las asociaciones Cre-Arte, El Brote y ACUFA Camino Abierto, junto a ciudadanas directamente afectadas.
La acción judicial contó con el respaldo de los legisladores de Vamos con Todos, Magdalena Odarda y José Luis Berros, quienes denunciaron que la interrupción del beneficio se produjo de manera intempestiva, sin notificación previa y a través de auditorías que calificaron como “ilegítimas”. En el escrito, los amparistas solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024 y la nulidad de las revisiones realizadas bajo ese marco normativo.
“Estamos ante una medida ilegal, arbitraria y profundamente inhumana. Quitar de un día para el otro un beneficio de carácter alimentario, sin notificación previa y sin garantizar el derecho a la defensa, constituye un verdadero atropello a los derechos humanos más básicos”, expresó Odarda al fundamentar la presentación.
En la misma línea, Berros ratificó el compromiso de acompañar a los afectados y aseguró que “las pensiones no contributivas son una conquista que el Estado tiene la obligación de garantizar”.
Los amparistas remarcaron que estas pensiones son derechos de naturaleza alimentaria y resultan esenciales para asegurar la vida, la salud y el acceso a tratamientos médicos de las personas con discapacidad. También recordaron que cuentan con especial protección en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
