La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) vive una semana decisiva tras confirmar que este miércoles se entregará a la Justicia para comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la concesión de obras públicas durante su mandato y el de su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
La exmandataria, de 72 años, fue condenada en primera instancia en 2022 y la Corte Suprema ratificó la sentencia la semana pasada, dejándola inhabilitada para ejercer cargos públicos. Estaba prevista su candidatura como diputada provincial en las elecciones de septiembre, ahora descartada.
Desde el domingo, cientos de militantes se concentran en las afueras de su domicilio en el barrio porteño de Constitución, en respaldo a quien aún consideran su líder política. Se espera una masiva movilización el miércoles hacia los tribunales federales, lo que ha encendido las alertas del Gobierno nacional y del sistema judicial por posibles disturbios.
Ante este escenario, el Tribunal Oral Federal N.º 2 evalúa otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, tanto por razones de seguridad personal, dado el atentado que sufrió en 2022, como por su edad, ya que la ley argentina contempla esta posibilidad para personas mayores de 70 años que lo soliciten formalmente.
“Defender a Cristina es defender la democracia y los derechos conquistados”, expresó Camila Etcherbay, militante del Partido Justicialista, a la agencia EFE.
“Estoy acá también por el salario, el trabajo y la salud, todo lo que estamos perdiendo”, agregó Santiago Taich, otro de los manifestantes, en clara crítica al Gobierno de Javier Milei.
Desde el oficialismo, se monitorea de cerca la situación, en un clima social y político cada vez más tenso. Mientras tanto, el país se prepara para una jornada histórica que podría marcar un antes y un después en la vida política y judicial de la Argentina contemporánea.
