La defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Neuquén, Natalia Stornini, advirtió que si continúa la tendencia observada en los primeros meses del año, en 2026 podría duplicarse la cantidad de recién nacidos con presencia de sustancias psicoactivas. La funcionaria pidió reforzar las políticas de prevención, tratamiento y acompañamiento a las familias.

La defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Neuquén, Natalia Stornini, alertó sobre un posible aumento significativo de recién nacidos con metabólitos positivos de sustancias psicoactivas. Según indicó, si se mantiene la tendencia registrada en los primeros meses del año, en 2026 los casos podrían duplicarse en comparación con el período anterior.

La funcionaria explicó que durante el último año comenzaron a detectarse con mayor frecuencia bebés que nacen con rastros de sustancias como marihuana o cocaína, lo que encendió una señal de alerta entre los organismos de protección de la niñez y el sistema de salud. Estos casos evidencian que los niños estuvieron expuestos a drogas durante la gestación, ya que las sustancias atraviesan la placenta y pueden afectar su desarrollo.

Ante esta situación, desde la Defensoría trabajan de manera coordinada con el sistema sanitario provincial para fortalecer los mecanismos de detección temprana durante el embarazo y mejorar las estrategias de intervención. El objetivo es identificar a tiempo los consumos problemáticos y brindar acompañamiento a las madres y sus entornos familiares.

Stornini señaló que las adicciones impactan directamente en la dinámica familiar y en la capacidad de ejercer los cuidados parentales. En muchos casos, explicó, aparecen dificultades para sostener rutinas básicas vinculadas con la alimentación, la higiene, la escolaridad o la organización cotidiana de los niños.

Respecto de los efectos en los recién nacidos, detalló que algunos síntomas pueden manifestarse de inmediato, como irritabilidad, problemas para dormir o alimentarse, mientras que otras consecuencias pueden aparecer con el paso de los años, especialmente en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje.

Frente a este escenario, la defensora remarcó que el problema debe abordarse como una cuestión de salud pública y no únicamente desde una perspectiva judicial. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, los dispositivos de salud mental y los programas de acompañamiento familiar, priorizando siempre el interés superior del niño.