La Legislatura de Neuquén comenzó a debatir un proyecto que propone establecer regalías para la explotación minera y crear un fondo destinado al desarrollo del sector y la sustentabilidad ambiental.

La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones de la Legislatura de Neuquén inició el análisis de un proyecto que propone crear un régimen de regalías para la explotación minera en la provincia.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del período de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo y busca establecer un gravamen que actualmente no percibe la provincia por esta actividad.

De acuerdo con el proyecto, las empresas deberán abonar una regalía que oscilará entre el 2% y el 3% del valor de boca de mina. El porcentaje variará según el nivel de procesamiento del mineral dentro del territorio provincial.

Si las compañías incorporan valor agregado al recurso en origen, la alícuota será del 2%. En cambio, si el mineral se comercializa sin ningún tipo de procesamiento, el gravamen se elevará al 3%.

El presidente de la comisión, el diputado Damián Canuto, explicó que el objetivo de la propuesta es generar ingresos para la provincia a partir de la explotación de recursos naturales no renovables y promover un esquema que incentive el agregado de valor en el territorio.

El proyecto también contempla la creación de alícuotas diferenciadas según el proceso aplicado al mineral y la implementación de una tasa específica destinada a garantizar el control de la actividad.

Además, la iniciativa prevé la creación del Fondo de Desarrollo Minero y Sustentabilidad Ambiental (FODEMSA), que estará orientado a financiar políticas vinculadas al desarrollo del sector y a la protección del ambiente.

Durante la misma reunión, los legisladores comenzaron a analizar una actualización del Código de Procedimiento Minero de la provincia. Según explicó Canuto, la normativa vigente data de 1970 y no incorpora aspectos clave relacionados con la protección ambiental que fueron incorporados tras la reforma constitucional de 1994.

El nuevo marco legal buscará modernizar los procesos administrativos y judiciales vinculados a la actividad minera, incorporar herramientas tecnológicas, habilitar la digitalización de trámites y permitir la implementación del expediente electrónico.

También se prevé unificar plazos procesales de acuerdo con los lineamientos del nuevo Código Procesal Civil.

Para avanzar con el análisis de ambas iniciativas, la comisión resolvió convocar a funcionarios de la Dirección de Minería. Asimismo, se acordó solicitar al Ministerio de Turismo y Medio Ambiente un informe sobre la asignación de tierras destinadas a la extracción de áridos en la zona de Pulmarí.