La Justicia de Neuquén formuló cargos contra el conductor de un camión acusado de provocar un siniestro vial ocurrido en agosto de 2025 en San Patricio del Chañar. En el hecho murieron dos trabajadores estatales y otra persona resultó gravemente herida.

Un camionero fue imputado por la muerte de dos trabajadores estatales tras un siniestro vial ocurrido el 1 de agosto de 2025 en la Ruta Provincial 7, a la altura de Picada 16, en cercanías de San Patricio del Chañar.

La formulación de cargos se realizó durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde la fiscal Guadalupe Inaudi presentó la acusación contra el conductor identificado como E. E. B. Según la investigación, el hombre no contaba con la licencia habilitante tipo E-1 necesaria para conducir vehículos de gran porte.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana cuando el imputado conducía un camión Iveco Stralis con semirremolque que transportaba combustible refinado desde Añelo hacia San Patricio del Chañar.

En esas circunstancias, al llegar a la intersección con Picada 16 y circulando a una velocidad estimada de 88 kilómetros por hora, el conductor habría perdido el control del vehículo, invadido el carril contrario y colisionado contra un utilitario Mercedes-Benz Sprinter que transitaba en sentido opuesto.

Como consecuencia del impacto fallecieron en el lugar el conductor del utilitario, Juan Andrés Ceferino Fuentes, y su acompañante Horacio Cofré. En tanto, un tercer ocupante que viajaba en la parte trasera del vehículo sufrió politraumatismos de gravedad.

La fiscalía imputó al conductor por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por conducir sin licencia habilitante y por la existencia de más de una víctima fatal. También se le atribuyó el delito de lesiones culposas graves agravadas por las heridas sufridas por el tercer ocupante.

Durante la audiencia, los abogados querellantes que representan a las familias de las víctimas acompañaron el planteo del Ministerio Público Fiscal.

Como medidas cautelares, la fiscalía solicitó la prohibición de salida del país para el imputado y la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, donde reside actualmente. Las medidas fueron requeridas por un plazo de seis meses.

La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos y las medidas solicitadas por la fiscalía, y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.