El colapso de la losa del estacionamiento en un edificio del complejo Estación Buenos Aires dejó a más de 300 familias afectadas y expuso las irregularidades de una obra iniciada hace más de una década. El desarrollo atravesó distintos gobiernos, cambios de empresas constructoras y un entramado administrativo que hoy está bajo investigación.

El derrumbe de parte de la estructura de un edificio del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, dejó al descubierto una larga historia de construcción marcada por cambios políticos, múltiples empresas involucradas y un esquema administrativo que, según denuncian los propios vecinos, quedó inconcluso.

El incidente ocurrió alrededor de las 4.45, cuando colapsó la losa del estacionamiento ubicado debajo del patio interno del edificio. El complejo se encuentra detrás del estadio de Huracán y el derrumbe obligó a evacuar a los residentes mientras bomberos y equipos de rescate inspeccionaban la estructura para descartar la presencia de personas atrapadas. No se registraron heridos, aunque más de 300 familias resultaron afectadas y el lugar permanece clausurado.

El complejo forma parte del Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires, uno de los proyectos habitacionales más grandes impulsados por el programa Procrear. El emprendimiento se construyó en un predio de aproximadamente 18 hectáreas ubicado entre los barrios de Parque Patricios y Barracas, donde se levantaron cinco bloques con más de 2.300 departamentos, cocheras y locales comerciales.

La iniciativa se gestó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se impulsó la utilización de tierras ferroviarias para la construcción de viviendas financiadas a través del Banco Hipotecario. Años más tarde, durante el gobierno de Mauricio Macri, el programa fue relanzado y se modificó el sistema de adjudicación de las viviendas, que pasó del sorteo a un esquema de puntaje o scoring.

La obra continuó con distintas etapas hasta que, durante la gestión de Alberto Fernández, se retomaron trabajos que habían quedado paralizados y comenzaron las entregas de viviendas a partir de 2021.

La construcción inicial estuvo a cargo de la empresa Riva S.A., pero en 2019 el Banco Hipotecario, que actuaba como fiduciario del programa, decidió rescindir el contrato por incumplimientos. La compañía dejó el proyecto con un avance cercano al 80% en algunos sectores, lo que obligó a reorganizar el desarrollo y a convocar nuevas empresas para finalizar la obra.

A partir de entonces, distintos tramos del complejo quedaron en manos de varias constructoras. Constructora Sudamericana S.A. (Consud), junto al estudio de arquitectura MSGSSV, se encargó del proyecto ejecutivo y de los sectores 1, 2 y 10, donde se produjo el derrumbe. Por su parte, la firma Green S.A. ejecutó los sectores 3, 4, 5 y 9.

Otra de las empresas involucradas fue Conorvial S.A., que construyó el sector 15, donde se desarrolló una base comercial en planta baja, un entrepiso destinado a un hipermercado y dos subsuelos de estacionamiento. También participaron Vidogar S.A., que completó tramos de viviendas multifamiliares, y Carco S.A., que intervino en sectores específicos del proyecto. A su vez, la empresa Instalectro estuvo a cargo de la construcción de espacios públicos y recreativos del complejo.

Tras el derrumbe, Consud emitió un comunicado en el que aseguró que colaborará con la investigación para determinar las causas del colapso estructural y afirmó que está a disposición de las autoridades que llevan adelante los peritajes.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señalaron que el proyecto fue licitado originalmente por el Estado nacional y que la administración porteña solo intervino en el proceso de adjudicación de las viviendas a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Según indicaron, el organismo no tuvo participación en la construcción ni en los controles técnicos de obra.

En paralelo, los vecinos comenzaron a denunciar posibles fallas estructurales previas al derrumbe, entre ellas filtraciones de agua en el sector de cocheras y trabajos de reparación recientes en el patio interno. Algunos residentes sostienen que las pérdidas de agua se registraban desde hace años y que las reparaciones realizadas en los últimos meses podrían haber estado relacionadas con el incidente.

La situación también expuso un problema administrativo que afecta al complejo desde hace tiempo. Según relatan los propietarios, nunca llegó a conformarse formalmente un consorcio y la administración quedó a cargo de un fiduciario transitorio que debía actuar hasta la finalización total del proyecto y la escrituración de las unidades.

Sin embargo, ese proceso nunca se completó. Muchas familias recibieron las llaves de sus viviendas en 2021, pero aún no cuentan con la escritura definitiva, lo que dejó al complejo en una situación jurídica indefinida respecto al mantenimiento de los espacios comunes y las responsabilidades estructurales.

La investigación del derrumbe está a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, que caratuló el expediente como “estrago”. En el marco de la causa, la fiscal solicitó documentación sobre los permisos de obra, los profesionales responsables del proyecto y las filmaciones de cámaras de seguridad del lugar correspondientes al último mes.