Colombia tiene el segundo sistema tributario menos competitivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de Competitividad Fiscal 2026, elaborado por Mengden y Zarka.
El país obtuvo 47,3 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 37 entre los 38 miembros de la organización, una posición que evidencia las dificultades del sistema tributario para incentivar la inversión, la acumulación de capital y el crecimiento empresarial.
El principal rezago está en la tributación sobre las empresas y la propiedad, así como en las reglas fiscales internacionales. Las tarifas elevadas, la acumulación de impuestos sobre un mismo capital y las restricciones para recuperar el costo de las inversiones encarecen la actividad productiva y dificultan la reinversión.
Según el diagnóstico del Observatorio Económico del Instituto de Ciencia Política (ICP), estas condiciones imponen barreras adicionales a las empresas nuevas y pequeñas, limitan las posibilidades de aumentar la productividad y reducen el margen para generar empleo y sostener el crecimiento económico.
El deterioro de la competitividad fiscal se ha acumulado durante varios gobiernos, en un contexto de sucesivas reformas tributarias y expansión del gasto público. Por ello, mejorar la posición de Colombia requiere cambios estructurales en el sistema de impuestos y una revisión de las prioridades presupuestales.
Uno de los principales factores que explican el bajo desempeño colombiano es la tributación sobre las utilidades empresariales. El país tiene una tarifa de renta corporativa del 35 %, frente al promedio de 24,2 % de la OCDE. Esta diferencia eleva el costo de operar e invertir en Colombia en comparación con otras economías de la organización.
El problema no se limita a la tarifa. Las reglas para descontar el costo de los activos productivos también reducen los incentivos para invertir. En términos de valor presente, las empresas colombianas pueden recuperar mediante el sistema tributario apenas el 74 % del costo de la maquinaria y el 31 % del de las edificaciones.
https://x.com/ICPColombia/status/2113711464603156812
En la OCDE, los porcentajes correspondientes son del 86 % para la maquinaria y del 50 % para las edificaciones. La diferencia implica que las empresas colombianas soportan una mayor proporción del costo de sus inversiones, lo que puede reducir su disposición a ampliar instalaciones, renovar equipos o desarrollar nuevos proyectos.
Estas condiciones afectan especialmente las decisiones de reinversión, fundamentales para aumentar la capacidad productiva y mejorar la competitividad de las compañías en el largo plazo.
Los resultados por componentes del Índice de Competitividad Fiscal 2026 muestran que las principales debilidades están concentradas en la tributación relacionada con el capital.
Colombia ocupa el puesto 37 en impuestos a las empresas y también el 37 en impuestos a la propiedad. En las reglas internacionales se ubica en el puesto 35, mientras que obtiene mejores resultados relativos en impuestos a las personas, con el puesto 25, y en impuestos al consumo, donde alcanza la posición 16.
Esta distribución indica que el rezago no es uniforme en todas las categorías tributarias. El problema se concentra en las condiciones fiscales para invertir, acumular activos y movilizar capital.
La carga sobre las utilidades, sumada a las limitaciones para recuperar el costo de los activos, afecta las decisiones empresariales. A esto se agregan otros gravámenes que pueden recaer sobre el mismo capital durante distintas etapas de su generación, distribución, conservación o transferencia.
Otro de los hallazgos del diagnóstico es la acumulación de impuestos sobre un mismo capital. A los gravámenes sobre las utilidades empresariales se suman los impuestos a los dividendos, el patrimonio, las herencias, las transacciones financieras y otras operaciones.
Colombia es uno de los cuatro países de la OCDE que mantienen un impuesto anual al patrimonio neto. Este gravamen puede generar una obligación tributaria por la tenencia de activos, incluso cuando estos no producen rendimientos suficientes para cubrirla.
La combinación de impuestos incrementa el costo de mantener e invertir capital. También puede reducir los recursos disponibles para ampliar negocios, financiar proyectos o fortalecer la capacidad productiva.
El efecto es particularmente relevante para las empresas nuevas y pequeñas, que suelen disponer de menos recursos para asumir las obligaciones tributarias y financiar su crecimiento. En consecuencia, un sistema con múltiples cargas sobre el capital puede convertirse en una barrera de entrada y limitar la expansión de las compañías.
Aunque Colombia dejó de ocupar el último puesto del índice en 2025, el cambio no obedeció a una mejora de su sistema tributario.
Después de ubicarse en la última posición entre 2022 y 2024, el país ascendió al puesto 37 en 2025 porque Francia elevó su tarifa sobre las utilidades empresariales del 25,8 % al 36,1 %. Como consecuencia, Francia pasó del puesto 36 al 38, mientras Colombia avanzó una posición sin modificar las reglas evaluadas por el indicador.
En 2026, Colombia mantuvo el puesto 37 y una puntuación de 47,3 sobre 100. Por tanto, el cambio de posición frente a los años anteriores no representa una corrección de las distorsiones que afectan su competitividad fiscal.
La metodología ayuda a explicar por qué puede cambiar la clasificación sin que un país modifique sus propias normas. El índice calcula el promedio y la desviación estándar de cada variable para los 38 países y transforma los resultados en puntajes normalizados, que reflejan la distancia de cada economía respecto del promedio.
Posteriormente, agrega esos puntajes por subcategoría y dimensión, y calcula una clasificación general que se reescala tomando como referencia al país con mejor desempeño, al que se asignan 100 puntos.
De acuerdo con Mengden y Zarka (2026), la posición de cada país depende tanto de sus propias reglas tributarias como de los cambios que se producen en los demás miembros. Por eso, las variaciones en el ranking deben analizarse junto con las modificaciones normativas que las explican.
Según el reporte, Estonia encabeza el Índice de Competitividad Fiscal por decimotercer año consecutivo, mientras Colombia permanece entre los países con peor desempeño de la OCDE.
En comparación con los demás miembros latinoamericanos de la organización, Costa Rica ocupa el puesto 14, México el 21 y Chile el 24. Estas posiciones contrastan con el lugar 37 de Colombia y reflejan diferencias importantes en la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios.
La trayectoria colombiana también muestra un deterioro de largo plazo. En 2014, el país ocupaba el puesto 27; en 2015 descendió al 34 y en 2017 llegó al 37. Entre 2022 y 2024 permaneció en el último lugar de la clasificación.
Según el análisis del Observatorio Económico del ICP, el retroceso atraviesa reformas aprobadas durante tres gobiernos, lo que apunta a un problema estructural y no únicamente a una decisión tributaria aislada de una administración.
El diagnóstico vincula el deterioro de la competitividad fiscal con dificultades más amplias en el funcionamiento del Estado colombiano. Una de las explicaciones planteadas es que las deficiencias institucionales pueden favorecer la expansión del gasto público, mientras que la elaboración de presupuestos que reproducen en buena medida las apropiaciones del año anterior limita la posibilidad de reasignar recursos según los resultados de los programas.
Cuando el gasto crece por inercia, el Estado enfrenta una demanda recurrente de ingresos adicionales para financiar sus obligaciones. Esa presión puede traducirse en nuevas reformas tributarias y en mayores cargas para las empresas, los inversionistas y los propietarios de capital.
Desde esta perspectiva, el rezago de Colombia en el índice refleja no solo las características de sus impuestos, sino también la relación entre las necesidades de financiación del Estado y las decisiones sobre el gasto público.
El reto consiste en garantizar los recursos necesarios para atender las obligaciones estatales sin trasladar de manera recurrente el costo de los desequilibrios fiscales a la inversión productiva.
Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo,regístrese aquí.
Bloque de preguntas frecuentes
