La Universidad Nacional de Río Negro presentó una denuncia ante Naciones Unidas por el fuerte recorte presupuestario y salarial que afecta a las universidades públicas. El rector Anselmo Torres advirtió sobre una crisis educativa, científica e institucional sin precedentes.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) presentó una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas para alertar sobre el impacto del ajuste presupuestario en el sistema universitario argentino y solicitar la intervención de organismos internacionales vinculados al derecho a la educación.

La presentación fue realizada por el rector Anselmo Torres ante la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, a través del sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En el documento, la UNRN advirtió sobre un proceso de “regresividad sin precedentes” en materia educativa y sostuvo que las medidas aplicadas afectan compromisos internacionales asumidos por la Argentina en relación con derechos sociales y acceso a la educación superior.

Según el informe presentado, las transferencias destinadas a universidades nacionales sufrieron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Además, señalaron que el presupuesto universitario pasó de representar el 0,718% del Producto Interno Bruto en 2023 al 0,431% en la actualidad.

La universidad indicó que el deterioro financiero impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, compromete proyectos científicos y pone en riesgo programas de inclusión educativa en distintas regiones del país.

Uno de los puntos centrales de la denuncia refiere a la situación salarial de docentes y trabajadores no docentes. De acuerdo con la presentación, el sector sufrió una pérdida del 32% del poder adquisitivo frente a la inflación y alcanzó los niveles salariales más bajos de las últimas dos décadas.

El informe también expone una fuerte reducción en programas de asistencia estudiantil y financiamiento científico. Entre otros datos, sostiene que las Becas Progresar registraron un recorte nominal del 82% entre 2025 y 2026 y que la inversión en ciencia y técnica universitaria cayó a menos del 40% de lo ejecutado dos años atrás.

Asimismo, la UNRN cuestionó el conflicto institucional generado en torno a la Ley Nº 27.795 de financiamiento universitario. Según explicó el rectorado, la normativa fue vetada inicialmente por el presidente Javier Milei, aunque luego el Congreso logró ratificarla mediante mayoría agravada.

Posteriormente, el Ejecutivo suspendió su aplicación a través del Decreto Nº 759/2025, situación que derivó en distintas presentaciones judiciales impulsadas por universidades nacionales. La institución afirmó que la Justicia Federal falló en primera y segunda instancia a favor de las universidades, ordenando la aplicación de las actualizaciones salariales y presupuestarias previstas por ley.

En el tramo final del documento enviado a Naciones Unidas, la UNRN solicitó que el organismo requiera información urgente al Estado argentino y recomiende medidas concretas para garantizar el derecho a la educación superior.

Desde la universidad remarcaron que el conflicto excede una discusión presupuestaria y advirtieron que la situación pone en riesgo instituciones estratégicas para el desarrollo científico, tecnológico y democrático del país.