El máximo tribunal resolvió un conflicto de competencia y determinó que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi continúe con la investigación contra la exministra de Seguridad por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad durante un operativo policial en una protesta frente al Congreso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la denuncia presentada contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad continúe tramitándose en la justicia federal. Con esta decisión, el juez Marcelo Martínez De Giorgi quedó confirmado como responsable de llevar adelante la investigación.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron un conflicto de competencia entre el juzgado federal que inicialmente recibió la causa y un tribunal de la justicia nacional en lo criminal y correccional. El máximo tribunal adoptó la postura del procurador general interino, Eduardo Casal, quien había dictaminado que el expediente debía permanecer en el fuero federal. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado Horacio Pietragalla, quien cuestionó el operativo de seguridad desplegado el 4 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso durante una protesta contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Según la presentación judicial, durante ese procedimiento se habrían registrado episodios de violencia contra manifestantes. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

En un primer momento, Martínez De Giorgi había intentado derivar el caso a la justicia ordinaria al considerar que estaba vinculado con otra causa previa relacionada con el protocolo de actuación policial en manifestaciones. Sin embargo, el juzgado nacional rechazó esa declinatoria al sostener que la investigación sobre la conducta de una funcionaria nacional en ejercicio de sus funciones corresponde al ámbito federal.

Con la resolución de la Corte Suprema, el expediente continuará bajo la órbita del juzgado federal de Comodoro Py. Ahora, el magistrado deberá avanzar con la recolección de pruebas y determinar si existieron responsabilidades penales en el operativo que terminó con incidentes y decenas de personas heridas, entre ellas varios trabajadores de prensa.