La iniciativa impulsada por el Gobierno fue aprobada por 40 votos contra 31, con divisiones internas en distintos bloques. El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.

El Senado de la Nación aprobó este jueves una serie de modificaciones a la Ley de Glaciares, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y posturas divididas dentro de varios bloques. El proyecto obtuvo 40 votos afirmativos y 31 negativos, además de una abstención, y ahora pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La votación se realizó tanto en general como en particular durante la penúltima sesión extraordinaria. El oficialismo consiguió el respaldo de los legisladores de La Libertad Avanza y de sectores dialoguistas, además del acompañamiento de algunos integrantes del interbloque kirchnerista. Sin embargo, en distintas bancadas se evidenciaron fracturas, con posiciones contrapuestas entre senadores del peronismo y del radicalismo.

Uno de los puntos más debatidos fue el artículo que habilita a cada provincia a definir la autoridad de aplicación encargada de identificar glaciares y ambiente periglacial en su territorio, con excepción de las áreas protegidas bajo la ley de Parques Nacionales. Para el oficialismo, la reforma fortalece el federalismo y respeta el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. Desde la oposición, en cambio, advirtieron que podría debilitar los criterios unificados de protección ambiental y generar desigualdades en la aplicación de la norma.

Durante el debate también se planteó la tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental. Algunos senadores sostuvieron que la legislación vigente genera incertidumbre jurídica y frena inversiones estratégicas, especialmente en el sector minero. Otros alertaron que los cambios podrían derivar en judicializaciones y afectar la protección de los glaciares como reservas hídricas fundamentales.

Con la media sanción obtenida en la Cámara alta, el proyecto será ahora analizado en Diputados, donde se anticipa un tratamiento intenso y nuevas negociaciones. Allí se definirá si las modificaciones se convierten en ley o si el texto sufre cambios antes de su eventual aprobación definitiva.