Neuquén propone una respuesta integral para combatir la violencia digital contra menores

Una iniciativa impulsada desde Neuquén busca establecer un marco nacional integral para prevenir y abordar la violencia digital, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto fue presentado por la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N°2, Natalia Stornini, ante la senadora nacional Julieta Corroza. La propuesta apunta a generar una respuesta que no se limite al castigo penal, sino que también incluya prevención, asistencia a las víctimas, preservación de pruebas, eliminación de contenidos y reparación de los daños.

La iniciativa define como violencia digital a toda acción u omisión realizada, facilitada o agravada mediante tecnologías de la información y la comunicación que afecte o ponga en riesgo derechos vinculados con la intimidad, dignidad, imagen, identidad, integridad, libertad o seguridad de las personas.

Aunque establece una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes, el proyecto también contempla a mujeres, personas con discapacidad y otras personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

Para los menores de edad, se proponen medidas basadas en el interés superior, la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados, la protección de la privacidad y la reducción de la exposición. También se plantea evitar la revictimización y garantizar el acceso a asistencia especializada.

Entre las herramientas de respuesta inmediata aparecen la prohibición de contacto a través de medios digitales, la remoción, bloqueo o desindexación de contenidos y la preservación de datos y evidencias que puedan resultar relevantes para una investigación.

El proyecto también establece nuevas obligaciones para redes sociales, servicios de mensajería, buscadores, plataformas de contenidos, foros y videojuegos en línea. Uno de los puntos centrales es la creación de mecanismos gratuitos y accesibles para denunciar material o situaciones de violencia digital.

Los reportes relacionados con la difusión no consentida de contenido íntimo y los casos que involucren a menores deberían recibir un tratamiento prioritario y ser evaluados en un plazo máximo de 24 horas.

La propuesta incorpora además modificaciones al Código Penal para contemplar distintas modalidades de violencia digital. Entre ellas figuran la difusión no consentida de contenido íntimo, las amenazas de publicación de ese material, el acoso digital, la exposición maliciosa de datos personales y determinados casos de suplantación de identidad digital.

También se contempla específicamente la difusión de contenido íntimo sintético generado o alterado mediante inteligencia artificial. El proyecto prevé, además, agravantes cuando la víctima de la difusión no consentida de material íntimo sea menor de 18 años, entre otras circunstancias.

La iniciativa incluye un régimen específico para adolescentes a quienes se atribuya la comisión de hechos de violencia digital, en articulación con el sistema de protección integral y las normas correspondientes al régimen penal juvenil.

Desde la Defensoría señalaron como antecedente la experiencia desarrollada en Neuquén con la creación, en abril de 2026, de la Mesa Provincial para la Prevención de Riesgos Asociados a Internet. Ese espacio reúne a distintos organismos para abordar problemáticas como el grooming, la sextorsión, la difusión de material íntimo sin consentimiento y el abuso sexual infantil en entornos digitales.

El proyecto considera que la respuesta frente a estas situaciones requiere la participación coordinada del Estado, el sistema educativo, los servicios de salud, la Justicia, los ministerios públicos, las defensorías, las organizaciones sociales y las empresas tecnológicas.

Por ese motivo, propone crear un Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de la Violencia Digital, integrado por representantes de la Nación y las provincias y organismos vinculados con derechos, género, educación, salud y Justicia.

La Defensoría manifestó su disposición a participar en las próximas etapas de revisión técnica y parlamentaria. El objetivo de la iniciativa es avanzar hacia un sistema que, además de sancionar los delitos, permita proteger a las víctimas, retirar contenidos dañinos, conservar evidencia, reparar los perjuicios y establecer responsabilidades para quienes incumplan sus obligaciones en los entornos digitales.