La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó por mayoría la resolución N° 1248, que establece el procedimiento para implementar los controles toxicológicos previstos por la Ley 3531 en el ámbito de la Legislatura provincial.
El régimen alcanzará a los 35 diputados y diputadas, quienes deberán someterse a los exámenes de manera obligatoria, aleatoria y sorpresiva. Los controles se realizarán en el edificio legislativo y tendrán una periodicidad mínima de dos meses.
El costo de cada examen estará a cargo del legislador que sea seleccionado para realizarlo.
La resolución fue aprobada mediante una votación nominal, con 30 votos a favor y los votos en contra de las bancas del PTS-FIT-U y FIT-U. Acompañaron la iniciativa los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, UxP, Democracia Neuquén, Fuerza Libertaria, Juntos, JxC-UCR, Cumplir, Avanzar, Arriba Neuquén y Neuquén Federal.
El protocolo establece las condiciones para aplicar en el Poder Legislativo la Ley 3531, que dispone los controles toxicológicos como requisito para la permanencia en cargos públicos de los tres poderes del Estado.
Según la normativa aprobada, la convocatoria para realizar el examen deberá ser inmediata, personal y reservada. El área de Medicina Laboral de la Legislatura será responsable de la coordinación técnica y deberá actuar con independencia de las autoridades políticas.
Entre sus funciones estará garantizar la privacidad de los legisladores, la confidencialidad de los resultados, la correcta toma de las muestras y el cumplimiento de la cadena de custodia.
Los controles podrán realizarse durante la actividad parlamentaria, incluyendo reuniones de comisiones y sesiones de la Cámara, tanto ordinarias como preparatorias y extraordinarias. También podrán efectuarse durante las reuniones de la Comisión Observadora Permanente.
En caso de que el test rápido arroje un resultado positivo, el protocolo establece que deberá realizarse un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado.
Durante el debate, el diputado Claudio Domínguez, del MPN, sostuvo que el procedimiento aprobado respeta las características establecidas por la Ley 3531, que contempla controles rápidos, obligatorios, sorpresivos y realizados en el lugar donde se desempeñan los funcionarios.
Desde UxP, Darío Martínez respaldó el objetivo de la medida y afirmó que busca garantizar que ningún legislador tome decisiones bajo los efectos de una sustancia. Al mismo tiempo, aclaró que el régimen no constituye una solución para la problemática del narcomenudeo.
César Gass, de JxC-UCR, también acompañó la iniciativa y consideró que puede contribuir a fortalecer la transparencia en la función pública. El legislador planteó además la necesidad de avanzar con otras herramientas de control, entre ellas las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios.
En cambio, Julieta Ocampo, del FIT, cuestionó el régimen y sostuvo que la medida no incorpora una política de asistencia para personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.
En una línea similar, César Parra, del PTS-FIT-U, cuestionó el enfoque adoptado y señaló contradicciones con otras políticas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.
La resolución fue aprobada durante la 14ª sesión ordinaria de la Legislatura, que comenzó a las 10:40 y finalizó a las 18. La jornada contó con la participación de los 35 legisladores y fue presidida por la vicepresidenta primera, Zulma Reina, a cargo de la Presidencia de la Cámara.
