El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad con 71 votos

La norma crea un marco permanente que reemplaza el esquema de emergencia que vence a fines de 2026. Mantiene pensiones, actualizaciones y prestaciones, y habilita compatibilizar la pensión con un empleo registrado.
Hace 7 horas Nacional

El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La iniciativa establece un marco permanente para el sector y busca reemplazar el esquema de emergencia vigente, que vence a fines de 2026.

La norma ratifica buena parte de los derechos y prestaciones incorporados durante el debate en Diputados, tras las negociaciones entre el Gobierno y los bloques opositores. Entre los puntos principales figuran la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización por inflación y el mantenimiento de un nomenclador universal de prestaciones con aranceles unificados. Las pensiones por discapacidad equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) seguirá siendo el principal instrumento para acreditar la condición y acceder a los beneficios.

Uno de los aspectos centrales es la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado: las personas con discapacidad podrán incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La ley contempla además la cobertura de salud para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad, a través del Programa Incluir Salud, que garantiza el acceso a las prestaciones básicas de la Ley 24.901. Para sostener el sistema se incorporaron partidas específicas del Ministerio de Salud y mecanismos de compensación con recursos del Tesoro si los fondos resultan insuficientes. El Poder Ejecutivo deberá, además, garantizar que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior.

Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde defendió la necesidad de abandonar el esquema de emergencia y avanzar hacia reglas permanentes, ya que las prórrogas sucesivas generan incertidumbre tanto para quienes reciben las prestaciones como para los profesionales y centros que las brindan. Desde la oposición, Alicia Kirchner advirtió sobre las dificultades de implementación y cuestionó la capacidad operativa de las oficinas de ANSES, al señalar que hay 427 centros de atención en todo el país. También hubo planteos sobre el financiamiento: el senador Guillermo Andrada mencionó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculan un gasto de $600.000 millones para 2026, mientras que Monteverde hizo referencia a una proyección de 1,2 billones de pesos para 2027. La senadora radical Mariana Juri pidió que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios y advirtió que las partidas para discapacidad vienen perdiendo participación.

Otro capítulo establece controles periódicos: la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías mediante el cruce de información con ANSES, ARCA, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Se podrá suspender preventivamente una prestación ante incumplimientos objetivos, con garantías de debido proceso, notificaciones a los beneficiarios y mecanismos para solicitar la rehabilitación provisoria. También se fijaron plazos para regularizar deudas con los prestadores: si hay pagos pendientes al momento de la sanción, el Gobierno deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un máximo de 90 días.

Con los 71 votos afirmativos, el Senado cerró el recorrido parlamentario de una iniciativa que reunió el respaldo de todos los bloques. El desafío ahora será garantizar que las prestaciones, los mecanismos de cobertura y los derechos reconocidos puedan cumplirse en la práctica.

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