Integrantes del Foro en Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes participaron de una reunión con la Comisión Interpoderes de la Legislatura de Neuquén, que analiza el proyecto de reforma del Código Procesal de Familia de la provincia.
Durante el encuentro, plantearon objeciones relacionadas con las Medidas Excepcionales de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y advirtieron que la iniciativa, en los términos actualmente previstos, podría contradecir el artículo 47 de la Constitución Provincial.
Según señalaron, la normativa constitucional establece que el Ministerio Público debe presentar acciones de protección en representación de niños y adolescentes.
Sin embargo, cuestionaron que el proyecto de reforma propone un mecanismo diferente para las situaciones en las que, por razones familiares graves como malos tratos, abuso sexual o negligencia, se encuentra en riesgo la permanencia de un niño o adolescente en su contexto familiar.
La iniciativa contempla que sea la Autoridad Administrativa la que disponga inicialmente una medida de protección y que, dentro de las 24 horas, solicite al Juzgado de Familia el control de legalidad de esa decisión.
Desde el Foro sostuvieron que este esquema podría dejar a los niños, niñas y adolescentes sin la representación legal que actualmente corresponde a la Defensoría de los Derechos del Niño.
También plantearon que una eventual reforma de la Ley 2302 debería contar con una amplia participación de quienes trabajan directamente con estas situaciones y justificar de manera concreta cuáles serían los beneficios para los niños, niñas y adolescentes involucrados.
El planteo se fundamentó además en la Observación General N.º 14 de los Derechos del Niño, que establece la obligación de ponderar el interés superior de niños y adolescentes, y en criterios de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
Desde el espacio señalaron que continuarán participando del debate legislativo para aportar observaciones y promover que cualquier modificación del régimen procesal garantice de manera efectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes.
