El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, criticó duramente un fallo del juez Marcelo Nieto Di Biase que ordenó al Gobierno provincial comprar carne roja para las viandas de los presos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew.
La resolución fue dictada en el marco de un reclamo relacionado con las condiciones de alimentación de las personas privadas de su libertad. El fallo establece que el Poder Ejecutivo provincial debe concretar la compra en un plazo inferior a 72 horas.
En paralelo, en los establecimientos penitenciarios se desarrollan protestas pacíficas vinculadas con la calidad de las viandas y, particularmente, con la situación de internos que se encuentran bajo tratamientos médicos y necesitan una alimentación acorde con sus indicaciones.
El reclamo fue llevado ante la Justicia por el Ministerio de la Defensa Pública, que interviene en representación de las personas privadas de su libertad.
Torres rechazó públicamente la decisión y afirmó, en declaraciones a Radio Rivadavia: “No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura”.
El mandatario también cuestionó el accionar del juez Nieto Di Biase y lo relacionó con otros antecedentes judiciales que, según planteó, generaron conflictos con las políticas de seguridad de su gestión.
Entre los casos mencionó la demora de un allanamiento relacionado con un robo de ganado en Dolavon y una decisión vinculada con el traslado presencial de un detenido considerado peligroso para realizar una terapia, situación que, de acuerdo con el gobernador, terminó con un intento de fuga.
“Estos jueces garantistas están enquistados en el Poder Judicial ideologizando la justicia”, sostuvo Torres.
El gobernador también recordó un hábeas corpus presentado después de que el Ejecutivo provincial decidiera retirar los teléfonos celulares a los internos de las cárceles. Según explicó, esa medida tenía como objetivo combatir las estafas realizadas desde los establecimientos penitenciarios.
Torres volvió a cuestionar al magistrado al referirse a otro antecedente que atribuyó a su actuación: la liberación de una persona condenada por homicidio, a quien el juez habría considerado “mejorado” luego de verlo en la vía pública. El gobernador sostuvo que esa persona posteriormente reincidió y calificó el episodio como de “gravedad muy importante”.
Consultado sobre la posibilidad de adoptar medidas institucionales frente al accionar del juez, Torres confirmó que el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Justicia están evaluando distintas alternativas.
“Definitivamente tenemos que ponerle un punto final a estos jueces que ponen en riesgo a todos los chubutenses”, afirmó.
El gobernador también profundizó sus críticas a través de las redes sociales, donde cuestionó lo que definió como “garantismo berreta” y sostuvo que el Gobierno no permitirá que los delincuentes tengan “coronita”.
La controversia mantiene abierto el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo provincial y el Poder Judicial en torno a las condiciones de alimentación dentro de las cárceles y los derechos de las personas privadas de su libertad.
