La discusión por la reforma de la Ley de Salud Mental volvió a instalar interrogantes sobre las internaciones involuntarias y la capacidad del sistema para actuar ante situaciones críticas. Especialistas advierten sobre las dificultades que enfrentan las familias cuando la asistencia llega demasiado tarde.

El debate sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental volvió a ocupar el centro de la escena pública y abrió una discusión sensible: qué ocurre cuando el sistema sanitario y judicial no logra intervenir a tiempo para evitar situaciones extremas vinculadas a consumos problemáticos y padecimientos mentales.

La discusión se intensificó tras la presentación de un proyecto impulsado por el gobierno nacional que propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente, especialmente en relación con las internaciones involuntarias y los criterios de intervención frente a situaciones de riesgo.

Desde distintos sectores vinculados al derecho de familia y la salud mental vienen advirtiendo desde hace años sobre las dificultades prácticas que presenta la aplicación de la Ley 26.657, sancionada en 2010 bajo un enfoque de derechos humanos que buscó dejar atrás el modelo manicomial y limitar las internaciones como primera respuesta.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al requisito de acreditar un “riesgo cierto e inminente” para habilitar una internación involuntaria. Según especialistas y familiares de personas atravesadas por consumos problemáticos severos, ese criterio muchas veces impide actuar preventivamente y deja a las familias sin herramientas de contención.

La abogada especialista en derecho de familia y sucesiones, Luz Blanco, sostuvo que en numerosos casos la burocracia judicial y sanitaria termina demorando intervenciones urgentes. En ese sentido, planteó que las adicciones severas afectan temporalmente la capacidad de autodeterminación de las personas y requieren respuestas más ágiles por parte del sistema.

El proyecto oficial propone reemplazar el criterio actual por el concepto de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, lo que permitiría considerar antecedentes y contextos clínicos al momento de decidir una internación.

Además, la iniciativa prevé otorgar mayores herramientas a jueces y equipos médicos para actuar en situaciones críticas y busca redefinir el rol de los profesionales de psiquiatría dentro de los procesos de evaluación e internación.

El debate genera posiciones encontradas. Mientras algunos sectores consideran necesaria una actualización de la ley para evitar que personas con consumos problemáticos queden desprotegidas, otros advierten sobre posibles riesgos de retroceso en materia de derechos y temen que se habiliten internaciones arbitrarias.

En Neuquén, donde la provincia adhirió a la normativa nacional mediante la Ley 3182, la discusión adquiere especial relevancia debido al aumento de situaciones vinculadas a adicciones y violencia familiar que llegan diariamente a hospitales y juzgados.

Especialistas coinciden en que la discusión requiere un abordaje serio y alejado de posiciones extremas, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre el respeto por los derechos individuales y la necesidad de garantizar intervenciones eficaces en contextos de alta vulnerabilidad.