Dos comerciantes imputados por presuntas maniobras defraudatorias contra el municipio acordaron pagar $137 millones para acceder a una suspensión de juicio a prueba. La investigación continúa para exfuncionarios municipales.

Dos comerciantes acusados de participar en maniobras fraudulentas contra el municipio de Andacollo evitarán llegar a juicio oral luego de acordar el pago de $137 millones como reparación económica en el marco de una causa por presunta defraudación a la administración pública.

La medida fue avalada por el Ministerio Público Fiscal y la querella municipal mediante una Suspensión de Juicio a Prueba, mecanismo legal que permite resolver ciertos procesos penales sin avanzar hacia un juicio oral bajo determinadas condiciones.

El acuerdo alcanza a K.C.V. y J.C.V., propietarios de un corralón que proveía materiales y servicios al municipio local. Según la investigación judicial, ambos habrían participado en al menos 13 hechos vinculados a maniobras irregulares que provocaron un importante perjuicio económico al Estado municipal.

Entre las operaciones investigadas figuran certificaciones de supuestas “horas fantasma” de maquinaria vial, utilización irregular de áridos de la cantera municipal y acciones coordinadas entre funcionarios y privados.

La fiscalía sostuvo que existía una estructura organizada con funciones distribuidas para llevar adelante las maniobras denunciadas. El daño económico inicialmente estimado rondaba los $128 millones, cifra que fue superada por el monto de reparación acordado.

A pesar de la resolución alcanzada con los comerciantes, la causa continuará abierta respecto a dos exfuncionarios municipales que permanecen imputados: Eduardo Argentino Zenteno, exsecretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes, y Carlos Daniel Leiva, exdirector de Redes.

Además del pago económico, los acusados deberán cumplir durante un año distintas pautas de conducta impuestas por la Justicia, entre ellas presentaciones periódicas ante la Dirección de Población Judicializada, prohibición de cometer nuevos delitos, restricciones vinculadas al consumo de alcohol y estupefacientes, e informar cualquier cambio de domicilio.

La suspensión del juicio podría ser revocada en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, a partir de presuntas irregularidades detectadas en contrataciones y utilización de recursos municipales.

Los comerciantes habían sido acusados formalmente en noviembre del año pasado por delitos como defraudación reiterada contra la administración pública, asociación ilícita y peculado.

El caso generó fuerte repercusión en la localidad por el monto millonario investigado y por la presunta participación de exfuncionarios municipales en las maniobras denunciadas.