La Fiscalía busca que un condenado por abuso sexual vuelva a prisión preventiva

El Ministerio Público Fiscal solicitó al Tribunal Superior de Justicia que revoque la prisión domiciliaria concedida a J.R., condenado por un jurado popular por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, y disponga nuevamente su prisión preventiva.

El recurso extraordinario fue presentado por el fiscal jefe Mauricio Zabala junto al fiscal del caso Manuel Islas. Ambos pidieron además que el planteo sea tratado durante la feria judicial al considerar que existe un riesgo concreto de fuga por parte del condenado.

La presentación cuestiona la resolución del Tribunal de Impugnación, que el 15 de julio dejó sin efecto la prisión preventiva impuesta luego del veredicto de culpabilidad y la reemplazó por la modalidad de prisión domiciliaria.

Según la fiscalía, esa decisión es arbitraria porque interpreta de manera incorrecta la normativa procesal, omite valorar el contexto del caso, afecta el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva y no incorpora una adecuada perspectiva de género.

Los representantes del MPF señalaron que la prisión domiciliaria había sido suficiente para asegurar la realización del juicio, pero sostuvieron que el escenario cambió tras el fallo unánime del jurado popular. Afirmaron que la expectativa de una condena de cumplimiento efectivo incrementa el peligro de fuga y justifica una medida cautelar más estricta.

También rechazaron uno de los argumentos del Tribunal de Impugnación, que consideró suficiente mantener la prisión domiciliaria debido a que el acusado había permanecido a derecho durante el proceso. En ese sentido, los fiscales sostuvieron que el Código Procesal Penal no exige demostrar previamente la insuficiencia de otras medidas menos restrictivas para solicitar la prisión preventiva.

Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal pidió que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia admita el recurso, convoque a una audiencia y restablezca la prisión preventiva del condenado.

J.R. fue declarado culpable por unanimidad el 1 de julio por un jurado popular, que consideró acreditado que abusó sexualmente de la víctima desde que era menor de edad y durante varios años, además de incurrir en el delito de corrupción de menores. De acuerdo con la acusación, los hechos se extendieron desde la niñez hasta la adultez de la víctima y ocurrieron en distintos ámbitos relacionados con la convivencia y las actividades laborales del condenado. La figura penal contempla una pena mínima de 15 años de prisión efectiva.