












Una investigación por presunta trata y explotación laboral permitió desarticular una organización que operaba en fábricas clandestinas dedicadas al reciclaje y la fabricación de baterías para automóviles en la provincia de Buenos Aires.
El procedimiento fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina y concluyó con cinco personas detenidas, 14 trabajadores rescatados y dos establecimientos clausurados en el partido de Malvinas Argentinas.
Entre los arrestados se encuentran el presunto líder de la organización y varios de sus colaboradores.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por un centro médico luego de la muerte de un trabajador que había inhalado gases nocivos en un establecimiento industrial de Tortuguitas.
A partir de ese episodio, el Ministerio de Trabajo bonaerense intervino y trasladó las actuaciones a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, tras confirmar que los operarios permanecían expuestos de manera constante a metales pesados.
La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, quien ordenó avanzar con las medidas correspondientes.
Durante los allanamientos, los efectivos constataron las condiciones en las que vivían y trabajaban las víctimas.
Según la información judicial, los operarios habitaban contenedores instalados dentro de los propios establecimientos industriales y desarrollaban sus tareas sin contar con los elementos de protección adecuados.
La situación resultaba especialmente peligrosa debido a la exposición permanente a sustancias tóxicas utilizadas en los procesos de reciclaje de baterías.
Los trabajadores estaban en contacto con vapores generados durante la fundición de plomo y otros metales, además de manipular ácidos y productos químicos altamente contaminantes.
Las autoridades señalaron que estas condiciones agravaban el escenario de explotación laboral y representaban un riesgo directo para la salud de las personas afectadas.
Los operativos permitieron liberar a los 14 trabajadores y disponer la clausura de las dos fábricas clandestinas.
La investigación judicial busca determinar las responsabilidades de los detenidos y esclarecer el funcionamiento de la organización, cuya actividad quedó bajo sospecha tras el fallecimiento del operario que dio origen a la causa.